Miércoles, 26 de Enero de 2022

La autoridad no tiene derechos

Por:  Lic. Simón Baca Suárez

A propósito de la toma de protesta de las administraciones municipales en esta semana, además de las que correspondan a las y los diputados locales y federales, debemos partir de esta afirmación, ninguna autoridad tiene derechos, solo tiene obligaciones y atribuciones. También resulta propicia la ocasión para comentar un poco sobre la estructura y organización de nuestro texto constitucional, lo cual nos permite sostener nuestra afirmación inicial.
Desde finales de la segunda guerra mundial los textos constitucionales se han caracterizado por contenedor dos grandes apartados y en su caso, tópicos generales de organización: por un lado, la parte que reconoce los derechos y libertades fundamentales de las personas y la segunda parte será la que crea y organiza a los poderes del Estado y sus autoridades.


Decimos que a las personas les reconocen derechos cuando a partir del cumplimiento de algún requisito o cuando ocurren determinados hechos, el Estado está obligado a reconocer un hecho de la vida, formalizar un acto de las personas o suministrar información y datos cuando sean requeridos. Para ejemplificar esto mencionamos que ante el nacimiento o muerte de una persona, el Estado a través de sus autoridades está obligado a reconocer y dar fe de ese hecho, para emitir un acta, ya sea de nacimiento o de defunción.


También sirve de ejemplo que, ante el cumplimiento de la mayoría de edad de las personas, éstas pueden optar por solicitar su calidad de ciudadanía, por tanto, el Estado verifica los requisitos y deberá emitir una credencial para votar con fotografía, lo cual nos permitirá ejercer los derechos político-electorales. Finalmente, otro ejemplo, cuando dos personas en ejercicio de su libertad deciden formalizar su relación sentimental de forma permanente, continua y de manera pública, acuden al registro civil para que el Estado formalice y reconozca dicha unión, por tanto, les otorga su respectiva acta de matrimonio. 
Como podemos analizar, a las personas les asisten en exclusiva las libertades y los derechos, éstos últimos hacen referencia directa a nuestra relación frente al Estado y sus autoridades, cuando cumplimos determinados requisitos se vincula en automático la obligación de la autoridad para hacer algo en nuestro favor, suministrar algo o permitir el goce y disfrute de libertades ejercidas.


Cuando nos referimos a las autoridades del Estado, debemos entender que es éste es un sujeto creado por la población para el beneficio de la misma, por lo tanto, desde el texto constitucional se describe cuáles autoridades conforman al aparto del Estado, se determinan claramente en qué materias podrán actuar válidamente y también la forma en que deberán realizar sus actuaciones para que sean validas y vinculantes. A esto se determina el ámbito de competencia de las autoridades, donde se manifiestan las atribuciones y las obligaciones. 


Las atribuciones no son derechos de la autoridad, son un listado de materias y supuestos en los que válidamente puede conocer y atender un asunto. Es la serie de actos en que pueden manifestar su imperio para el cumplimiento de los fines que están encomendados a dicha autoridad. Las funciones de seguridad pública tienen como atribución la portación de armas de fuero, para que su función de mantener el orden y la paz pública sean alcanzados. Por ningún motivo ni circunstancia podríamos considerar que tienen derecho a portar armas, ya que estamos analizando las condiciones en que se realice de mejor forma las tareas de la seguridad pública y no algo que dependa del animo o intensión simplemente. 


Cualquier administración pública municipal tiene competencia muy amplia de atribuciones para el cumplimento de sus objetivos, ya sea el suministro de servicios públicos, la regulación de las actividades comerciales, la regulación de los actos de personas en lo local o la regulación e implementación de las leyes estatales. Por tanto, tiene atribuciones que les permitan conseguir esas metas, por ejemplo, tienen atribuciones de cobrar e imponer pago de impuestos por algunas actividades comerciales, lo cual les permite tener control de la actividad económica y acrecentar el recurso económico con el cual ejecutan acciones. 


La autoridad ejerce las atribuciones como formas en que manifiesta su imperio frente a la voluntad de las personas, por eso estas atribuciones deben ser claras, delimitadas y acotadas en tiempo y espacio. No pueden hacer aquello que no sea una atribución, no pueden ejercer actos más allá de las atribuciones y no pueden hacerlo de otra forma que no sea la que esta expresamente mandatada en la ley. 


Las obligaciones son aquellos mandatos directamente vinculados con la finalidad y objetivos de la autoridad. Son un listado de tareas de cumplimiento inmediato, mediano o largo plazo según corresponda, y, por tanto, la autoridad no puede someter a su consideración si las cumple o no, o qué forma las quiere cumplir. Las obligaciones vinculan a su cumplimiento puntual y en los términos que se mandata.
Como puede darse cuenta hasta este punto, estimada comunidad lectora, cuando referimos el ámbito de atribuciones y obligaciones de las autoridades no estamos refiriendo en ningún momento a cierto parámetro de bondad, voluntad, buena fe o determinación de quienes sean los titulares de las autoridades. Su única voluntad debe ser cumplir con lo que esta mandatado, en los términos en que puede hacerlo y en el tiempo en que debe hacerlo, sin que su buena voluntad sea elemento relevante para evaluar el cumplimiento.
Sostenemos estas afirmaciones para concluir en que vivimos en un Estado gobernado por leyes y no por buenas o malas personas. Los gastos públicos, el cumplimiento de actos de prohibición o fuerza pública, las inversiones, el suministro de bienes o servicios, no depende de la buena voluntad del gobernante; acostumbrémonos a ver este simplemente como el cumplimiento de algo a lo que está obligada la autoridad y que debe ser realizado conforme las reglas previamente estipuladas. 


Podemos arribar a nuestra conclusión, los derechos son a las personas y las atribuciones y obligaciones a las autoridades. Cuando las personas ejercen sus derechos lo hacen con un parámetro más o menos amplio de libertad y autodeterminación como sería: contraer matrimonio, comprar o vender algún bien, postularse a un cargo público, solicitar algo a la autoridad, inscribirse para acceder a servicios públicos. La voluntad determina si se pretende acceder a los derechos.


Las autoridades no pueden gozar de esta consideración, pues su voluntad no debe ser elemento que determine o no el cumplimiento de una obligación o el sometimiento o no al estricto ámbito de atribuciones, porque entonces dejaremos de vivir en un Estado gobernado por leyes y pasar al gobierno de las gentes. La historia y las malas experiencias han dado cuenta de los daños y perjuicio que eso implica. 


Invitamos a que las personas que asumirán los encargos públicos en sus diversas manifestaciones tomen conciencia de la magnitud del encargo y sean respetuosas del ámbito de atribuciones y muy atentas al cumplimiento de obligaciones.

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